¿Por qué necesitamos un Tratado?
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Hoy en día, no existe un marco legal internacional vinculante que establezca la responsabilidad de las empresas transnacionales en el área de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Tampoco existe un acceso garantizado a la justicia ni a remediaciones para las poblaciones afectadas por las operaciones de dichas empresas.
- Tras un proceso de 26 años, Chevron ha sido condenada por los tribunales ecuatorianos al pago de 9.500 millones de dólares a 30.000 personas afectadas en la Amazonía. Pero la sentencia no ha podido ser ejecutada. Al contrario, Chevron demandó a Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje en un caso ISDS, obteniendo una opinión favorable.
- Después del colapso de Rana Plaza en Bangladesh y el incendio de la fábrica de Kik en Pakistán, la posibilidad para las personas afectadas de obtener reparaciones proporcionales a los daños sufridos fueron muy limitadas: las empresas contratistas no tenían activos en el país y aprovecharon el limbo legal para eludir su responsabilidad.
- En Mozambique, las corporaciones agroindustriales se han apoderado sistemáticamente de tierras comunitarias, abusando y violando sus derechos humanos, a través de procesos de consultas comunitarias deliberadamente mal conducidas. Privaron de esa forma a las comunidades locales de su acceso a medios de vida, a fuentes de agua, escuelas y mercados, al tiempo que crearon tensiones sociales y conflictos. La transnacional noruega Green Resources tiene una relación promiscua con el gobierno, lo cual asegura que sus intereses estén salvaguardados sobre todo y que tenga el respaldo de por parte de influyentes donantes, así como de instituciones financieras internacionales. Esto permite que la impunidad se perpetúe.
- De acuerdo con Global Witness, más de tres personas fueron asesinadas cada semana en 2018 por defender su tierra y el medio ambiente, y muchas más fueron criminalizadas. Este patrón persiste sin cesar, desde que 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, la cifra anual de muertos más alta que se haya registrado.
Este breve repaso de ejemplos de impunidad corporativa nos recuerda la necesidad de ir más allá de una visión de responsabilidad social empresarial (RSE) y otros mecanismos que se basan casi exclusivamente en compromisos voluntarios y/o de autorregulación. Esto es aún más urgente dado que 3.400 acuerdos comerciales y de inversión protegen los intereses de las empresas transnacionales a través de mecanismos de solución de controversias entre inversores y estados. De acuerdo con Olivier Petitjean, esta situación impone una gran carga a los municipios en su búsqueda de justicia y protección ambiental:
“En teoría, las ciudades tienen derecho a defender sus intereses y poner fin a sus relaciones contractuales con empresas privadas si tienen buenas razones para hacerlo. En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Incluso cuando un contrato expira y una autoridad local ejerce su aparentemente evidente derecho de no renovarlo, y de optar por la gestión pública del servicio, existen vías legales para que las corporaciones impugnen la decisión o, al menos, reclamen grandes sumas de dinero en compensación. El más conocido (…) de estos mecanismos legales consiste en el sistema de arbitraje inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés) ”.
Olivier Petitjean (The Future is public. Towards democratic ownership of public services)
Derecho a un medio ambiente limpio y seguro en Alemania
Vattenfall, una empresa energética sueca, lanzó una demanda ISDS de 1.900 millones de dólares contra Alemania en 2009, en respuesta a la intención del gobierno alemán y del municipio de Hamburgo de ampliar la protección del Elba frente a las operaciones de una central eléctrica de carbón. En lugar de cumplir con los requisitos, Vattenfall utilizó el sistema de arbitraje ISDS, alegando que las reglas ambientales de Hamburgo equivalían a una expropiación. Para evitar una posible decisión desfavorable por parte del tribunal de arbitraje, y el pago de una millonaria compensación, el gobierno alemán se vio obligado a llegar a un acuerdo con Vattenfall en 2010. El acuerdo obligó al gobierno de Hamburgo a eliminar las medidas ambientales propuestas y a otorgar el permiso a la central eléctrica. El acuerdo también anuló anteriores compromisos de Vattenfall para mitigar el impacto de la planta de carbón en el río Elba.
Acceso a la justicia y al derecho a la salud y al medio ambiente en India
En diciembre de 1984, una planta de pesticidas de Union Carbide en Bhopal (India), contaminó con más de cuarenta toneladas de gas venenoso a la comunidad situada en los alrededores. Las personas que sobrevivieron a esta tragedia y varios grupos de derechos humanos han estado exigiendo una mejor compensación, la atención médica adecuada para las víctimas, y la rehabilitación del suelo y de las aguas subterráneas de la ciudad que fueron contaminadas. Además, han exigido que los responsables sean juzgados de forma rápida y efectiva. Sin embargo, en 37 años no han logrado prácticamente nada. Dow Chemical, la empresa matriz de Union Carbide, ha eludido toda responsabilidad legal desde que adquirió Union Carbide en 1999.
Cuando el país congeló sus tarifas de servicios públicos en respuesta a la crisis financiera de 2001-2002, se vio afectado por más de 40 demandas de inversores, incluidos Suez & Vivendi (Francia), Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (España) y Anglian Water (Reino Unido). Los tribunales de arbitraje concluyeron que Argentina había violado el derecho de los inversores a un “trato justo y equitativo” al intentar mitigar una de las peores crisis económicas del país. Hasta 2014, el país fue condenado al pago de un total de 980 millones de dólares.
Derecho a la Ciudad en el Estado español
En los últimos años, Blackstone compró propiedades en el Raval, uno de los barrios más pobres de Barcelona, desalojando a las familias que las para venderlas o alquilarlas a un precio mucho más alto. Sin embargo, en este caso ganó la movilización conjunta de la comunidad local y del Ayuntamiento de Barcelona, bajo el lema #RavalVsBlackstone. La transnacional se vio obligada a negociar y dejar que las familias se quedaran y pagaran un alquiler social.
Derecho a la salud en ChileRight to health in Chile
En Chile, las farmacias privadas abastecen de medicamentos a la gran mayoría de la población. Los precios no son regulados por el gobierno. Actualmente, tres empresas farmacéuticas dominan el 90% del mercado. Estas empresas han sido investigadas y condenadas en múltiples ocasiones por delitos de colusión en la fijación del precio de los medicamentos. Ante el alto precio que estos últimos alcanzaron, el gobierno local de Recoleta creó en 2015 la primera ‘Farmacia Popular’ del país. La farmacia ofrece medicamentos económicos para los habitantes del municipio, que son atendidos por el sistema público de salud. En algunos casos ha habido ahorros de hasta un 70% en comparación con lo que los vecinos de Recoleta solían gastar cada mes en medicamentos. Entre 2015 y 2018 se crearon 40 nuevas farmacias públicas bajo esta modalidad, y se creó la “Asociación Chilena de Farmacias Populares”, que agrupa a 80 municipios.
En 2017, Francia adoptó una ley sobre el deber de vigilancia, convirtiéndose en el primer país en aprobar una legislación para invocar la responsabilidad civil de las empresas por violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente causadas por sus filiales, proveedores y relaciones comerciales a lo largo de su cadena de valor, sea en Francia o en el extranjero. Actualmente se están llevando a cabo procesos legislativos y decisiones de la Corte Suprema similares en la Unión Europea, Australia, Canadá y otros lugares.
Un Tratado de la ONU permitiría a los Estados acordar universalmente elementos de regulación de la conducta de las empresas transnacionales en el derecho internacional de los derechos humanos, y sentar las bases para un acceso efectivo a la justicia para las/os afectadas/os.
Hoy en día, las ciudades y las comunidades suman esfuerzos mediante redes e iniciativas comunes, aumentando su espacio democrático y construyendo alternativas concretas.
