Autoridades locales del mundo en apoyo al Tratado Vinculante las Naciones Unidas

Declaración de autoridades locales del mundo en apoyo al Tratado Vinculante las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos

En junio de 2014 tuvo lugar un hito histórico en el que la necesidad de regular la acción de las corporaciones transnacionales volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional para la creación de un Tratado Vinculante sobre Empresas Trasnacionales y Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, para poner fin a las lagunas legales a nivel del sistema internacional de los derechos  humanos, y garantizar que las empresas sean jurídicamente responsables de las violaciones de derechos humanos y crímenes medioambientales que puedan cometer. Ir más allá de los actuales marcos voluntarios propios de la Responsabilidad Social Corporativa supone un paso importante para conseguir un sistema económico global que favorezca los derechos de las comunidades y personas y su bienestar y para terminar con la impunidad de las corporaciones transnacionales.

Para apoyar que se siga con las negociaciones en torno al nuevo instrumento en Naciones Unidas, las personas abajo firmantes, como autoridades locales, alcaldes, alcaldesas, concejales, ediles y regidores/as del mundo:

1. Subrayamos que nuestro planeta necesita el Tratado Vinculante para mitigar las consecuencias injustas de la globalización sin regulación, que ha generado asimetrías de poder entre Estados, comunidades, ciudades, consejos municipales, individuos y corporaciones en términos de la protección de los derechos humanos, especialmente en las regiones más empobrecidas del planeta;
2. Celebramos, por tanto, la iniciativa de Ecuador y Sudáfrica, así como los esfuerzos de otros Estados que están apoyando el proceso hacia el establecimiento de un Tratado Vinculante para detener la impunidad de empresas transnacionales durante las hasta ahora cinco Sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) entre 2015 y 2019. 
3. Damos la bienvenida al proceso abierto y participativo que está siendo desarrollado por el Grupo de Trabajo en el cual no sólo se han involucrado Estados, sino también organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, parlamentario/as, personas afectadas, académicos y otros actores relevantes;
4. Destacamos que el futuro Tratado debería crear mecanismos que fortalezcan tanto los sistemas jurídicos nacionales, como la cooperación y el monitoreo internacional con el fin de reforzar la responsabilidad jurídica estatal de proveer a las comunidades afectadas acceso a reparación y prevenir la de violaciones de los derechos humanos derivadas de las operaciones de empresas transnacionales o su repetición. Destacamos la necesidad de normas vinculantes que protejan los derechos humanos y el medio ambiente, y garanticen la asunción de responsabilidades por parte de corporaciones mediante, entre otros medios, obligaciones legalmente aplicables;
5. Insistimos en que este Tratado debe abordar las preocupaciones de las personas trabajadoras derivadas de las violaciones de derechos laborales perpetradas por empresas transnacionales en las cadenas de valor globales, asegurando que los estados sean también responsables por las violaciones que se originan en sus países y producen daño más allá de sus fronteras. Compartimos el punto de vista de la Confederación Sindical Internacional, que afirma que la implementación de los estándares laborales es una condición sine qua non para reequilibrar la balanza entre los derechos de los inversores, altamente privilegiados, y los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales.

Urgimos, por lo tanto, a los Estados –y a organizaciones regionales– a involucrarse activamente en este proceso de las Naciones Unidas y a trabajar para el establecimiento de un instrumento internacional efectivo y legalmente vinculante que permita regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos, así como garantizar que la dignidad de las personas, contemplada por los derechos universales políticos, económicos, sociales y culturales, tenga prioridad sobre los beneficios privados y para asegurar la protección de nuestro planeta.